La Ley N° 18.795, conocida originalmente como Ley de Vivienda Social y hoy denominada Vivienda Promovida, es uno de los motores más potentes del desarrollo inmobiliario en Uruguay. Su objetivo principal es facilitar el acceso a la vivienda en zonas específicas de Montevideo y el interior del país, incentivando la inversión privada mediante importantes exoneraciones fiscales. Para un inversor, esto se traduce en una rentabilidad neta significativamente mayor en comparación con los inmuebles tradicionales.

El atractivo de este régimen radica en los beneficios impositivos que abarca desde la construcción hasta la renta. En primer lugar, la compra de estas unidades está 100% exonerada del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP), lo que reduce el costo de adquisición inicial en un 2% del valor catastral. En segundo lugar, durante los primeros diez años de explotación del inmueble, el propietario cuenta con una exoneración del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) por los alquileres generados. Esta exoneración puede ser del 100% o del 40%, dependiendo de la zona de Montevideo en la que se encuentre la propiedad (Zonas C o B) y de si el alquiler se gestiona a través de los topes de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Además, estas propiedades quedan exentas del Impuesto al Patrimonio por una década.

Para los inversores primerizos o aquellos que buscan diversificar su capital, la Vivienda Promovida minimiza el riesgo. Al enfocarse en zonas de alta conectividad, servicios y transporte —como Cordón, La Blanqueada, el Centro o la Aguada—, la demanda de inquilinos es constante y sostenida. Esto asegura una tasa de ocupación elevada y un flujo de caja mensual predecible. En resumen, invertir bajo este marco legal no solo protege el capital contra la inflación, sino que maximiza el retorno neto anual gracias al alivio fiscal del Estado uruguayo.